A raíz del cobro de los rescates en Asturias

Parece que los Reyes Magos han venido cargados de noticias en relación con el famoso tema del cobro de los rescates en montaña. Esta vez ha sido Asturias la que se ha llevado la palma en “twiteos, retwiteos, enlaces, comentarios y análisis” en redes sociales y periódicos digitales de todo el país.

La noticia que más veces se ha comentado es la referente al cobro de varios rescates en Asturias durante el pasado año 2016 respecto de deportistas que practicaban “deportes de riesgo” en el Principado y que solicitaron el correspondiente rescate a través del teléfono de emergencias 112. Por tocarme de cerca, trataré de dar una serie de ideas.

La cuestión es que el cobro de los rescates, aunque viral ahora, no es algo nuevo y se viene aplicando desde hace años en Asturias, con la especialidad que se introdujo en la Ley de Presupuestos del Principado del año 2014 y que “objetiviza” el cobro de los rescates en caso de practicar determinadas actividades deportivas.

Digo que no es algo nuevo pues esta “objetivización” en el cobro, ya se ha venido aplicando en CCAA como el Pais Vasco o Canarias que aprobaron normas que permitiría repercutir al rescatado los gastos de la intervención de los servicios de rescate en determinados casos (sin carácter exhaustivo):

  • En caso de imprudencia.
  • En caso de no contar con el material adecuado para la actividad desarrollada.
  • En caso de desoír una alerta meteorológica (del 112).
  • En caso de practicar una actividad de las denominadas “de riesgo”, a pesar de no incurrir en ninguna de las tres anteriores conductas.

Es decir, desde el año 2012 se cobra el rescate, o se permite a la Comunidad Autónoma repercutir el gasto del rescate al ciudadano por el mero hecho de practicar una actividad deportiva. Que sea de riesgo o no, habrá que dejarlo para un análisis que ahora no corresponde. Se me ocurre una idea: se nos penaliza por practicar deporte. Ahí queda para el debate.

¿Cuáles son estas actividades?

Aunque parezca mentira, ni el País Vasco, ni Canarias, ni Asturias incluyen en su lista de “actividades de riesgo” el montañismo, ni el alpinismo, ni el senderismo, condenando al resto de actividades y sus usuarios, como escaladores o barranquistas, al más completo desánimo por el mero hecho de practicar una actividad que se incluye en una lista elaborada de forma totalmente arbitraria.

El problema en muchos casos será discernir lo que es alpinismo y lo que es escalada, por ejemplo. Pensemos en un rescate que ocurre en el corredor de Tiros de la Torca del Urriellu en invierno ¿es alpinismo, es montañismo, es escalada? ¿Qué es?

Lo que está claro es que, imagino que para la administración será fácil decidir qué tipo de actividad será en base a un criterio meramente recaudatorio.

En los siguientes enlaces se puede consultar la normativa vigente para estas tres CCAA: País Vasco, Asturias y Canarias.

Curiosamente también en Galicia se sigue un criterio objetivo a la hora de cobrar los rescates, siempre que el mismo se realice en zonas costeras, lo que es habitual para una CA donde la mayor parte de las áreas de escalada están situadas sobre acantilados.

¿Qué tienen en común las anteriores CCAA y sus normas?

No es mi competencia, pero después de muchos recursos y algunos procedimientos de reclamación contra liquidaciones de este tipo, me inclino a pensar que la privatización de muchos servicios de rescate (como el 112) supone dejar la decisión de enviar al GREIM (servicio público) o al helicóptero de bomberos (servicio no gratuito) en manos del centro de atención de emergencias, lo que claramente beneficia a la administración y perjudica al ciudadano.

El problema es que ya no es posible (hasta donde yo sé) llamar directamente al GREIM para que te saquen, sino que debemos centralizar la llamada al 112 y que sean ellos quienes activen la emergencia. Estamos vendidos si nos pasa en Asturias, preparemos la tarjeta.

¿Qué hacer ante la recepción de una liquidación de una tasa?

Por experiencia, al estar tratando alguno de los últimos y famosos cobros en Urriellu, debo decir que las posibilidades de recurso son muchas, pues la Administración por desconocimiento sigue cometiendo errores de bulto de carácter formal al realizar incorrectamente muchas de las liquidaciones. De todas formas, esto que puede conducir a una minoración de la tasa, no es suficiente para evitar el cobro, y lo que estamos barajando y trataremos de defender en los Tribunales si llega el caso, es la total inconstitucionalidad de unas normas que hacen recaer en el ciudadano la obligación de pagar por un servicio que la Constitución reconoce público, que se solicita por absoluta necesidad en la mayoría de los casos y que, finalmente, es la propia administración la que actuando como parte interesada al privatizar en muchos sitios los servicios de rescate, trata de recuperar parte de sus gastos a través del administrado.

No trato de hacer un juicio de valor sobre si está bien o mal cobrar los rescates, lo cierto es que hay motivos suficientes para defender que tal y como se está haciendo no es la mejor forma posible de afrontar el problema de la siniestrabilidad en montaña.

¿Cómo evitar el pago?

Lo más sencillo, contratar un seguro que garantice como mínimo una cantidad que ronde los 9.000 euros en España y 12.000 en el extranjero para trasladar la obligación de sufragar los gastos a las compañías aseguradoras; pero como he dicho siempre, leámonos las coberturas antes de la contratación, inclusive si es un seguro adscrito a una licencia federativa.

Si no tenemos seguro, tendremos que seguir la premisa tan típica en España: “pague y luego, si acaso, recurra”, porque lo más probable, por lo menos en Asturias, es que veamos llegar al pájaro de color amarillo y ese, por lo menos, cobrar cobra. Por ahora.

Alejandro López

Abogado

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Seguros Federativos 2017: cuestiones a tener en cuenta

Como todos los años a finales de diciembre o principios de enero, la actividad administrativa se vuelve frenética en clubes y federaciones territoriales como consecuencia de la tramitación de las nuevas licencias federativas para el año nuevo.

Con carácter general la mayoría de los montañeros nos preocupamos de revisar los precios (con una clara tendencia al incremento año tras año) y de “contratar” la licencia federativa cuyo seguro más se ajuste a nuestras condiciones deportivas. Que si la modalidad A, la B, la C, que si esta me vale para hacer determinada actividad, que sí me cubrirá en el extranjero, en Marruecos, en EEUU, etc.

Pues bien, partiendo de que el seguro de “asistencia sanitaria” (seguro de accidentes) es de obligada suscripción en las licencias federativas, existen algunas cuestiones que deberemos analizar en las pólizas (si las ponen a nuestra disposición, cosa que debemos exigir) con el fin de evitar sorpresas indeseadas.

Todas las cuestiones que ahora voy a plantear se me han consultado en los últimos años, algunas de las cuales han dado lugar, incluso, a reclamaciones judiciales frente a determinadas compañías de seguros:

1.- Cobertura de asistencia sanitaria:

Por lo general la mayoría de las compañías aseguradoras es a este tema al que prestan mayor atención, siendo las coberturas (rondando los 12.000 euros en muchas de ellas) adecuadas para cubrir las contingencias hospitalarias básicas.

Debemos prestar atención sobre todo a los máximos y mínimos de cobertura en España y en el extranjero (generalmente se excluye EEUU, CANADA y MEXICO).

Atención también a la cobertura en caso de visitar países en conflicto (se recomienda visitar la página del ministerio de asuntos exteriores para mayor información sobre nuestros destinos de viaje).

2.- Cobertura por fallecimiento y similares:

Normalmente no dan problemas. Son coberturas mínimas y escasas porque por lo general este tipo de contingencias están cubiertas por otros seguros de vida o laborales.

3.- Cobertura por responsabilidad civil:

No todas cubren la RC NO profesional, pero no estaría de más contratar una póliza federativa que garantice mi responsabilidad civil en caso de siniestro con un tercero y de demostrarse nuestra negligencia. Hay alguna sentencia que condena a seguros de este tipo (Federativos) a hacerse cargo de la RC en siniestros con causa de muerte entre dos escaladores amateurs. Vigilemos las coberturas mínimas (recomendable: 150.000 euros por víctima, como mínimo).

4.- Rescate:

Ya tuvimos oportunidad hace un año de hacer un profundo análisis de cada una de las pólizas federativas y los resultados fueron sorprendentemente negativos en cuanto a las coberturas.

Recomendamos como mínimo 9.000 euros de cobertura en España y 12.000 en el extranjero. Que el rescate se cubra en caso de accidente, pérdida, extravío o situación de riesgo para la vida o la salud, evitando así la interpretación a favor de la compañía (como suele ocurrir en muchos casos). En todo caso no se debe limitar la cobertura a actividades federativas y/o informadas a la federación (como ocurría con la Valenciana), sino que debe garantizar cualquier actividad realizada a título particular por el federado.

5.- Hospitales:

Debemos analizar si los hospitales en los que se garantiza la asistencia sanitaria están próximos a nuestro domicilio, con el fin de agilizar la curación.

 

El problema que se nos plantea es el siguiente ¿Podemos contratar la póliza que más nos convenga o escoger la CCAA en la que nos queremos federar?

Con carácter general la respuesta debería ser afirmativa, si bien, ya el año pasado la Federación Madrileña avisaba de la posible territorialidad de las licencias en algunas federaciones autonómicas, lo que supondría que se garantizaría la asistencia de urgencia en cualquier punto de España, si bien el tratamiento médico posterior a la urgencia debería realizarse en un centro de la CCAA que expidiese la licencia.

Este asunto, que está por ver en las licencias del 2017 (una vez tengan a bien publicar todas los seguros cada CCAA) supondría que un asturiano podría federarse en la madrileña por tener esta última federación mejores precios o coberturas, pero si entrase a actuar la territorialidad sólo podría hacer uso de los centros médicos ubicados en Madrid.

Esto que a todas luces pudiera parecer contrario a Derecho, y sobre todo contrario a las normas reguladoras del seguro deportivo es un tema a analizar detenidamente y determinar si existe un Derecho de las federaciones a limitar en sus pólizas este tipo de asistencia (salvo la primaria y de urgencia que, repetimos, es ilimitada territorialmente) con el fin de abaratar costes.

En todo caso, analicemos lo que contratamos para no darnos sustos.

Alejandro López Sánchez

Abogado

Consultas por mensaje o a asesoría@campoiv.es

 

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Responsabilidad en la gestión de rocódromos

Hace meses me lancé a escribir un post sobre los requisitos legales para la instalación de un rocódromo, pues bien, desde aquel lejano análisis la proliferación de rocódromos (tanto privados, como públicos, grandes o pequeños) ha tenido cierta repercusión, siendo muchas las consultas que me han llegado y varios los litigios que hemos tenido que resolver o a los que nos hemos enfrentado.

Partiendo de que tenemos funcionando nuestro rocódromo público, se trate de una instalación pequeña de un club o una gran instalación titularidad de una gran empresa (vamos a dejar esta vez de lado a las instalaciones que son titularidad de las administraciones públicas), la mayoría de las consultas vienen referidas a cuestiones que afectan a posibles RESPONSABILIDADES en la gestión.

Tratemos de analizarlas:

Partimos de la idea siguiente: una persona o entidad que, por acción u omisión cause un daño a una persona interviniendo culpa o negligencia, estará obligada a reparar el daño causado. Este principio contenido en el artículo 1902 del Código Civil recoge la idea fundamental de la culpa extracontractual, la que suele ser más habitual de percibir en el caso de que un usuario de nuestra instalación sufra un siniestro.

Cuando ofrecemos una instalación deportiva al público debemos tener presente que, lo hagamos con ánimo de lucro o no, debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar que los riesgos inherentes a este deporte puedan producirse. Esto implica tener en cuenta y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias (las que sean legalmente exigibles y las que no) para evitar que los usuarios puedan lesionarse.

En el último año han entrado en mi despacho más de media docena de accidentes ocurridos en rocódromos en los que los usuarios habían sufrido lesiones de consideración por una mala gestión del mismo. La evitación del siniestro, y en consecuencia, la evitación de la responsabilidad, se conseguiría adoptando las medidas de seguridad necesarias.

¿Cuáles son esas medidas?

La correcta colocación y estado de las colchonetas (en caso de Boulder) y, además, del material técnico de escalada (cuerdas, mosquetones, arneses, etc.).

La contratación de técnicos especializados.

La correcta instalación y homologación del rocódromo.

La correcta ubicación e instalación de las presas.

ETC.

Todas las medidas anteriores son ideas para minimizar la responsabilidad y favorecer la prueba de la diligencia, tendentes a evitar que puedan exigirnos responsabilidades por culpa o negligencia o por no haber sido capaces de gestionar de forma suficiente el riesgo de la actividad.

¿Quiénes?

Podrán ser responsables los titulares de la instalación, los encargados de la gestión, los técnicos o monitores, los directivos del club, etc.

¿Qué tipo de actividades?

La máxima diligencia se nos exigirá tanto en la gestión diaria de la instalación deportiva como en la que corresponda a la realización de una actividad o evento puntual, donde las medidas a adoptar deberán ser las máximas igualmente.

¿Cómo minimizarlo?

Además de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias, será imprescindible (además, por así exigirlo la norma en determinados casos) contar con un seguro de responsabilidad civil de explotación o general que cubra la actividad, un seguro de asistencia sanitaria (para evitar que la seguridad social nos pase los gastos de asistencia médica) y entregar los contratos de consentimiento informado necesarios para dicha actividad. En caso de menores se hace necesario también contar con los consentimientos paternos.

¿Consecuencias?

Las consecuencias en caso de negligencia podrán ser, el pago de una indemnización (valorada según el baremo de accidentes de tráfico) o, en su caso, la posibilidad de verse inmerso en un juicio en vía civil (la mayoría de las veces) o en vía penal en caso de que existan lesiones u otros tipos penales en supuestos de imprudencia.

Como vemos no se trata de una cuestión baladí que deba ser tomada a la ligera, sino que el aumento de instalaciones de este tipo y el número de practicantes han hecho aumentar de modo considerable el número de reclamaciones, que en primer lugar pueden corresponder al seguro, pero que en otros casos pueden acabar derivadas a los tribunales, bien en vía civil o en vía penal.

Tratemos de evitar estos malos tragos tratando de gestionar nuestras instalaciones con seriedad, seguridad y responsabilidad.

Alejandro López

Abogado (Derecho y Montaña)

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