¿DONDE PUEDO DORMIR CON MI FURGO O AUTOCARAVANA?

No podemos obviar que desde hace unos años el modelo de viaje tradicional ha variado hacia modelos más europeos, como puede ser el “autocaravanismo”. En montaña el uso de furgonetas, campers y autocaravanas ya viene de lejos y el problema que nos venimos encontrando es siempre el mismo ¿me multarán si aparco y duermo en mi furgo en un determinado lugar?

El problema surge por la concurrencia de dos competencias municipales: ordenación del tráfico y regulación de acampadas en el término municipal: ¿puede un ayuntamiento prohibir estacionar en su término municipal a las autocaravanas?

El reglamento general de circulación en su artículo 93 dispone: “1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor (art. 38.4 del texto articulado). 2. En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento.”.

A raíz de la confusión del anterior precepto, que atribuía a los ayuntamientos la capacidad para prohibir el estacionamiento de autocaravanas con la excusa de favorecer la movilidad del tráfico, surge la ya famosa instrucción 08/V-74 del Ministerio del Interior que sobre la problemática relativa al aparcamiento y estacionamiento de este tipo de vehículos, interpreta restrictivamente las competencias de los municipios.

Esta instrucción establece de qué modo podemos estacionar en cualquier término municipal (sin perjuicio de lo que hagamos dentro del vehículo):

Las autocaravanas pueden, por tanto, efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo. Será considerará acampada, y en consecuencia indebidamente estacionada, si hay elementos en el exterior, si los toldos se encuentran extendidos o cualquier otro elemento del vehículo sobresale fuera de su propio perímetro. Se considera acampada si has colocado patas o niveles estabilizadores, vertido algún líquido o fluido o realizas ruidos molestos que pongan en peligro el descanso del resto de ciudadanos.

Generalmente se tiende a discutir la normativa municipal por los siguientes motivos:

  • Discriminación frente al resto de vehículos.
  • Estacionamiento vs Acampada.
  • Vulneración de una norma superior (reglamento general de tráfico).

Hasta ahora la cuestión no ha sido resuelta, dado que todavía no se ha incluido en una norma de rango estatal la regulación del estacionamiento de este tipo de vehículos, posiblemente por presiones de determinados lobbys.

Así que hasta ahora, si nos ponían una sanción en un ayuntamiento por un incorrecto estacionamiento, había que discutirlo en los tribunales, siendo diversas las opiniones:

Recientemente, en una (a mi entender) injustificada resolución el Tribunal Supremo en Sentencia núm. 397/2018 de 13/03/2018 señala que:

El estacionamiento en las vías urbanas o en los espacios adyacentes a éstas en dichas horas y para esa esperable utilización, sí puede tener efectos negativos en la fluidez y seguridad del tráfico, en el uso peatonal de las calles, en la equitativa distribución de los aparcamientos, en la preservación y protección del medio ambiente y en la organización de los servicios públicos, por ejemplo. Es así, porque no es lógico descartar que los propios usuarios de las autocaravanas o las personas que acudan a ellas para compartir horas de esparcimiento y conversación generen incrementos de ruido, o del uso peatonal de las calles y aceras, con incidencia en el descanso de otros, en la seguridad de los peatones, o en la fluidez y seguridad del tráfico de vehículos que cabe esperar en esas horas. Ni es lógico descartar que el estacionamiento de ese tipo de vehículos en esas horas prohibidas reste posibilidades de aparcamiento a otros, tanto al concluir como al iniciar la actividad laboral o profesional. Ni descartar el descuido ocasional en la recogida de envases u otros recipientes. Derivándose de todo ello, en suma y en definitiva, un incremento de los siempre limitados medios personales y materiales de los servicios públicos encomendados de atender todos y cada uno de esos potenciales riesgos.

(…) Una Ordenanza como la impugnada puede lícitamente tomar en consideración, junto a la ordenación “estrictu sensu” del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, otras circunstancias que, estando en todo caso relacionadas con ella, permitan la eficaz prestación de cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal

Por lo tanto, esta Sentencia parece que asciende a los usuarios de autocaravanas a la condición de delincuentes e incívicos ciudadanos, con el fin de dotar de competencia a los municipios para regular el estacionamiento sobre la base de la seguridad ciudadana y regulación del tráfico.

Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo de  25/10/2012 señala que:

La legitimidad de la competencia de los Ayuntamientos para regular por Ordenanza la actividad de acampada en aras de cumplir los fines del municipio de protección del medio ambiente y del entorno paisajístico, así como de tutelar la existencia de la debida salubridad pública y mantener la calidad de la oferta turística.

En conclusión y atendiendo a lo que hasta ahora podemos entender de la legislación existente y de las resoluciones de los Tribunales es la siguiente:

  • No está clara la competencia municipal sobre la regulación del estacionamiento, pero sí sobre la acampada.
  • Si nos acogemos a la instrucción del Ministerio del Interior, siempre que cumplamos los requisitos, estaremos estacionados y no acampados.
  • Si estamos estacionados, se nos aplicarán las normas de estacionamiento general y no las de acampada.
  • Si bien lo anterior, aun quedan ayuntamientos que podrían excusarse en motivos de seguridad del tráfico y de la ciudadanía para regular (además de la acampada), el estacionamiento de estos vehículos.
  • Sin perjuicio de todo lo anterior, la regulación de Espacios Naturales Protegidos sí prevalece sobre el resto, pero parece que no podría impedirse el estacionamiento en igualdad de condiciones del resto de vehículos.

Como resumen, rescato la Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia – Sala de lo Contencioso Sede – de Andalucía de 18/06/2015 que señala:

La solución al conflicto puede comenzar por delimitar lo que debe entenderse por la actividad de acampada cuando esta se realiza mediante vehículos autocaravanas. Y es que no cualquier aparcamiento o estacionamiento de una autocaravana en la vía pública es acampada. Ni siquiera cuando ese estacionamiento se prolongue en el tiempo, o lo que es más problemático, aún cuando su interior esté siendo ocupado. Y es que como señala la Instrucción citada “No establece el Reglamento General de Circulación otras condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo, por lo que esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.” De modo que la mera estancia en el interior de un vehículo, sin que ello suponga trascendencia hacia al exterior, no es motivo para limitar el estacionamiento en la vía pública. Lo que ocurre es que el problema surge, repetimos, con aquellos vehículos que por sus condiciones, pueden ser usados como vivienda.

Esta reflexión, nos conduce a concluir que la redacción del artículo 94 impugnado, en la medida que va más allá de la competencia municipal para limitar la actividad de acampada, extendiendo la prohibición a un estacionamiento que con arreglo a las previsiones del Reglamento de Circulación , es correcto y sin trascendencia al exterior, resulta contrario a derecho. Dado que con el mismo se habilita a prohibir actividades que en principio no deberían estarlo, además de habilitar a ejercer una potestad sancionadora cuando no procede. (…)

CUARTO.- Las mismas razones que hemos recogido en el Fundamento anterior y que nos han servido para anular el artículo 94, se emplean ahora para desestimar la pretensión de nulidad de este artículo. El cual ahora sí, es manifestación de la competencia municipal para limitar la actividad de acampada en la vía pública fuera de los espacios para ello habilitados en el municipio. Cuando estemos ante una acampada en la vía pública mediante autocaravana, lo que deberá determinarse con arreglo a los criterios arriba expuestos sobre la trascendencia exterior del vehículo, será lo que habrá que precisar en cada caso.

Alejandro López Sánchez

Abogado

 

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NOVEDADES EN PROTECCIÓN DE DATOS: EL REGLAMENTO EUROPEO

La Ley Orgánica de Protección de datos de 1999 y su posterior reglamento se promulgan al amparo del artículo 18 de la Constitución, con la tarea de garantizar y proteger las libertades públicas y derechos fundamentales de las personas en lo que a datos personales se refiere.

Esta norma obliga a toda persona, empresa y organismo, tanto público como privado a seguir un estricto control en la recogida de datos de carácter personal y su tratamiento. De este modo, se regulan de forma concreta el almacenaje, conservación y uso de datos especialmente protegidos,  así como la comunicación o cesión de los mismos y el derecho a la modificación.

La obligación de cumplir con las normas previstas en la legislación española y, desde recientemente, en las directivas europeas, obliga también a asociaciones y clubes deportivos, que deben seguir un estricto control de sus mecanismos de protección de datos personales.

Hasta abril del año 2016, las normas españolas obligaban a cualquier persona (incluidos los clubes deportivos) que recabara y almacenara datos personales de personas físicas a una serie de pautas de conducta:

–          Comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros de datos personales que tuviera en su poder y su nivel de protección (básico, medio, alto).

–          Elaborar un documento de seguridad donde constaran las medidas adoptadas para proteger dichos datos.

–          Comunicar y recabar el consentimiento expreso o tácito de las personas interesadas, así como informarles de sus derechos ARCO (acceso, rectificación, comunicación y oposición).

En el año 2016 la UE promulga un reglamento de aplicación directa en los países miembros y que afecta directamente a otros países externos que traten datos de carácter personal de ciudadanos UE. Este reglamente ha tenido un período de adaptación que ha finalizado el 25 de mayo de 2018. Desde ese día, todos las personas físicas o jurídicas que recaben datos de carácter personal, como hemos mencionado anteriormente, están obligadas a una serie de pautas de conducta, que se diferencian sustancialmente de las que hasta ahora venían existiendo.

Las nuevas medidas de protección se basan principalmente en dos principios básicos: elconsentimiento expreso de los afectados y el principio de responsabilidad activa. Estas dos nuevas líneas de exigencia, eliminan la obligación de comunicar los archivos a la AEPD, limitando sus funciones y convirtiendo a la agencia en una Agencia de Control, más que en un organismo de policía administrativa, como hasta ahora venía ocurriendo.

¿En qué se traducen, principalmente, las novedades del reglamento a efectos prácticos?

–          El RGPD amplía las obligaciones de las empresas europeas, autónomos, administraciones públicas y las de aquellas empresas ubicadas fuera de la Unión Europea que ofrezcan sus productos o servicios a usuarios de los estados miembros, o que reciban datos personales desde la misma.

–          Desaparece la obligación de notificar y registrar los ficheros que contienen datos personales ante la autoridad competente.

–          Cada responsable, y en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad y contenidas en el documento de seguridad.

–          Las empresas, organismos y comerciantes deben adoptar las medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el reglamento establece, puesto que, la exigencia del mismo es que las empresas u organizaciones tengan una actitud consciente, diligente y proactiva del tratamiento de los datos, estando capacitadas para demostrar – llegado el momento – las medidas de seguridad aplicadas (responsabilidad proactiva).

–          Recabar el consentimiento expreso para correos electrónicos masivos con información y publicidad de la empresa u organización y para la recogida de datos (fichas de cliente, fichas de socio, etc.).

–          Ofrecer a los afectados el ejercicio de sus derechos ARCO, más el derecho al olvido (eliminación de los datos en caso de que pierdan su finalidad) y derecho a la portabilidad.

–          Limitar la recogida de datos a aquellos estrictamente necesarios.

–          Obligación de la llevanza de un registro de actividades de tratamiento para cualquier empresa y organización que emplee a más de 250 personas.

–          Deberán tener un delegado de protección de datos las empresas públicas, las que tengan un tratamiento a gran escala o las que traten datos especialmente sensibles o relativos a condenas o infracciones penales.

–          Realizar una evaluación de impacto para las organizaciones que realicen tratamientos de datos que puedan implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

–          Notificar a la agencia las violaciones de la seguridad de los datos.

–          En cuanto a las sanciones, no se establecen cuantías mínimas y las máximas pueden alcanzar los 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen de negocio del infractor.

Las modificaciones señaladas suponen un mayor compromiso por parte de las organizaciones, públicas o privadas, con la protección de datos. Si bien, ello no implica necesariamente una mayor carga sino tan solo una forma de gestionar la protección de datos de manera distinta de la que se vino empleando hasta ahora.

Las novedades tienen mucho que ver con la responsabilidad actividad de los responsables que hasta ahora venían tutelados por la Agencia y que ahora deberán realizar un análisis de riesgos con el fin de revisar las medidas de seguridad adoptadas para proteger los datos personales que hayan recabado a la luz de los resultados de dicho análisis.

Para aquellas empresas, comerciantes y organizaciones a las que no resulte útil las herramientas que nos ofrece la Agencia Española de Protección de datos en su página web (www.aepd.es), ésta ha elaborado una HOJA DE RUTA sobre cómo adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), normativa aplicable el 25 de mayo de 2018 y cuya lectura recomendamos.

Alejandro López Sánchez.

Abogado

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La responsabilidad del club en el préstamo de material a sus socios

No sólo se trata de una conducta habitual sino que es una de las clásicas prestaciones de servicios que un club suele hacer en favor de sus asociados y que viene de lejos en el tiempo. No en vano, desde hace muchos años, quizá desde el germen de las propias agrupaciones de montañismo, el préstamo de material ha sido uno de los motivos por el que muchos de los escaladores y montañeros noveles se ha asociado y ha decidido formar parte de estos colectivos.

Si bien lo anterior, con la modernidad no solo ha crecido el número de practicantes, sino el aumento del tipo de materiales, la complejidad en el uso y, cómo no, las reclamaciones.

Es, precisamente, a este último detalle, el de la responsabilidad jurídica del club en el préstamo del material en el que nos vamos a centrar.

En primer lugar hay que destacar que el préstamo de material realizado a los socios es una prestación de servicios del club, al igual que sucede con la cesión para el uso de una instalación, la organización de una actividad o el alquiler de una taquilla. Es por ello que el club, en su deber de diligencia, responderá por cualquier daño que se haya producido al socio por culpa o negligencia de la entidad.

Como cualquier caso de responsabilidad civil de los acogidos en el artículo 1902, es preciso para que concurra responsabilidad que exista dolo o negligencia del club, de sus encargados o de sus directivos. Por lo tanto, el club no responderá por un incorrecto o inadecuado uso del material sino cuando el material prestado este, por ejemplo, defectuoso, dañado o caducado. Es en ese tipo de negligencia donde responderá el club.

Si bien lo anterior y teniendo claro que no se responderá por un incorrecto uso, nos asalta la siguiente duda ¿Qué ocurre entonces si prestamos material, a sabiendas, a un asociado novel? Lo ideal en estos casos es salvar la responsabilidad del club entregando un contrato de consentimiento informado en el que se indique que el material se presta bajo la única responsabilidad del prestatario y que será éste el que garantiza que tiene nociones para su uso y se responsabiliza del mismo. Lo dicho, esto no es óbice para que el club responda si el material está defectuoso, dañado o caducado, sin perjuicio de las posibles acciones de repetición contra el fabricante del material, en su caso.

Por tanto, en conclusión, el club no responderá por la forma de uso, correspondiendo en este caso la responsabilidad al propio usuario, siendo recomendables los contratos de préstamo con condiciones a la hora de entregar el material, pero sí responderá del estado del material. En este caso no responderán los socios, sino el propio club como entidad (a través de su seguro de Responsabilidad Civil) en caso de accidente, e incluso la Junta Directiva en los casos previstos por la Ley Organica reguladora del derecho de asociación.

Alejandro López – Abogado

Técnico EGAM

Master en Derecho de Montaña

Master en Derecho Deportivo.

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