“Barefoot running” Minimalismo y responsabilidad de los organizadores de carreras

En el mes de octubre de 2015, en un viaje a Ecuador, coincidí con un corredor que descendía, descalzo, de la cumbre del Pasochoa a más de 4000 metros de altura, por un camino pedregoso y cientos de peligros objetivos. Le pregunté por qué corría descalzo. Me miró y, mientras seguía el descenso, simplemente dijo: “tienes que probarlo”.

La idea de este artículo nace ante las dudas planteadas durante los últimos meses por árbitros y organizadores de carreras por montaña, sobre la responsabilidad de éstos ante el creciente fervor por el minimalismo entre los corredores, sobre todo, de “trail running”.

A día de hoy el incremento de pruebas y participantes en España ha sido notable y que los riesgos asumidos y controlados tanto por corredores como por la organización en este tipo de pruebas supera en mucho los que se dan en otro tipo de carreras populares.

Cada vez son más los corredores que optan por el minimalismo a la hora de decantarse por un tipo de equipación para la participación en carreras por montaña. Tiene especial importancia el minimalismo relacionado con el calzado.

Recientemente se ha publicado el reglamento FEDME de carreras por montaña 2016 que, en su artículo 2.4.9, incorpora lo siguiente:

“Todos los participantes estarán obligados como mínimo a llevar el siguiente material: Zapatillas de trail running o calzado minimalista y alternativo con sus condiciones de uso, según se indica en el punto 4.2.2”

La FEDME incorpora en el anexo 2, un contrato de asunción del riesgo que debe ser firmado por el participante que corra con zapatillas minimalistas.

Las preguntas que se hace el colectivo de organizadores y responsables técnicos de carreras por montaña en nuestro país son las siguientes: ¿Debe permitir la organización participar descalzo o con zapatillas minimalistas? ¿Tiene responsabilidad la organización en el caso de permitir este tipo de prácticas?

Nos surgirá otro problema que dejamos para más adelante ¿qué es calzado minimalista o alternativo? ¿correr descalzo está permitido?

Al margen de otras cuestiones más o menos criticables, de la propia redacción del contrato, debemos analizar si este “contrato de asunción del riesgo” es suficiente para descargar de responsabilidad a árbitros y organización.

En primer lugar, no debemos confundir los contratos de consentimiento informado con las cláusulas de exención de responsabilidad (a pesar del dudoso título que la FEDME ha empleado en el anexo). Ésta segundas, tal y como ya señalamos en otros artículos, son nulas de pleno Derecho. Las primeras, en cambio, nacen de la legislación médica y contribuyen de alguna forma a probar que el participante asume el riesgo de la práctica deportiva y ha sido informado de todos los riesgos inherentes a la misma.

El que practica un deporte debe asumir las consecuencias inherentes al mismo, mas esto, debe ser matizado en aquellos casos en los que la caución del daño no viene motivada por el deporte en sí, si no por el estado de las instalaciones donde se realiza el mismo, o por la ausencia de las medidas de seguridad por parte de la organización (SAP Cuenca 154/2012 de 15 de Junio).

La práctica de la carrera de montaña, requiere, por los riesgos inherentes a la misma, un determinado material, el cual, como así aparece especificado en el reglamento de esta deporte, debe ser examinado por los jueces antes de iniciar una prueba de estas características. No olvidemos que, según el actual reglamento el uso de calzado minimalista está permitido (bajo condiciones).

Debemos analizar el conjunto de requisitos más generales para poder descender al supuesto en concreto:

1.- ¿Asume más o menos responsabilidad la organización por el hecho de exigir la participación con determinado material?

Es la eterna duda. No voy a dar mi opinión personal, sino la que se ofrecería desde un punto estrictamente jurídico: los ciudadanos, por el hecho de tener capacidad de obrar y jurídica plena asumimos una serie de responsabilidades consustanciales con nuestra propia naturaleza. Es decir, no somos seres inertes que “estamos por estar”. El hecho de que no se nos obligue a llevar determinado material no supone que no sea recomendable llevarlo. El problema quizá sea de origen, es decir, actuamos de determinada forma únicamente porque nos obligan… ¿qué ocurriría si no  estuvieramos obligados a ello?

Si el uso de ese material no viene obligado por motivos estrictos de seguridad real (pensemos en la exigencias de uso de EPIs en construcción), el mismo no tendría por qué ser obligatorio.

Venga o no obligado su uso en el reglamento, el hecho es que si la organización lo exige, está obligada a controlarlo, es decir: asume más riesgos y responsabilidades.

2.- ¿Sería, por lo tanto, suficiente para eximir de responsabilidad a la organización con que un participante firme un contrato de consentimiento informado para evitar el uso de material obligatorio?

Siempre que podamos asegurar que el uso de determinado material (por ejemplo, calzado minimalista) no incrementará el riesgo del resto de participantes, y siempre que el participante haya asumido el riesgo, participe voluntariamente y conozca las consecuencias de sus propios actos, entendemos que la firma de ese contrato de consentimiento informado eximiría de responsabilidad a la organización por este hecho, con los matices ya comentados en caso de falta de diligencia.

3.- ¿Y si por ese motivo se incrementan otros riesgos?

Si por el hecho de participar sin determinado material se incrementara el riesgo del resto de participantes, la organización podría responder si no hubiera informado a todos ellos y éstos no hubieran aceptado correr bajo dichas circunstancias.

Pongamos por ejemplo, el futbolista que compite con calzado no reglamentario. Si es una regla del juego por todos conocida y asumida, no existiría responsabilidad de la organización frente a ninguno de los participantes.

 

La mayoría de las marcas de running y trekking actuales han dado un cambio drástico en la producción de material, pasando de fabricar un calzado que tendía a paliar el impacto que sufre el cuerpo en cada zancada de carrera, mediante la inclusión de cámaras de aire, suelas patentadas de todo tipo como puede ser la Zoom de Nike, la Lunarloon u otras semejantes, a un calzado cada vez más minimalista, con un drop prácticamente de cero.

Si bien es cierto que muchas de las zapatillas utilizadas en la práctica deportiva, actualmente no son las reglamentarias, el hecho de que un participante utilice dicho material no puede traducirse en un aumento de la responsabilidad de la organización, sino que partiendo de que dicha organización considera no reglamentario (o reglamentario con condiciones) este material, pero conoce que existe una habitualidad, cada vez mayor en el uso del mismo, deberá comunicar la existencia del riesgo de realizar este tipo de actividad bajo estas circunstancias.

Realizada dicha comunicación, el participante podrá asumir o no el riesgo siendo únicamente responsable él mismo en tanto que la organización ha actuado con la diligencia debida, ocasionandose en caso de accidente una culpa exclusiva de la víctima.

Un supuesto similar puede ser el contenido por la sentencia del TS de 18 de marzo de 1999. En la estación de Candanchú fallece una mujer tras, desatendiendo las indicaciones de los pisteros, y junto con otras dos amigas se desliza por una de las pistas en un plástico a gran velocidad, llegando a impactar contra una de las casetas a pie de pista que contienen un transformador eléctrico.

El Tribunal Supremo señala que, en tanto que el complejo deportivo actuó con la diligencia debida y advirtió a los usuarios accidentados previamente del peligro que comportaba la práctica que estaban realizando, dicho siniestro se produce exclusivamente por culpa de la víctima.

Debe, por lo tanto, la organización del evento comunicar al participante las características de la prueba y la dureza que conlleva la no utilización del material indicado, siempre y cuando la inobservancia de dicho material o ausencia del mismo no ponga en serio peligro la vida de la persona en caso de ocurrir un accidente.

Esto se hace actualmente con las zapatillas minimalistas (permitidas con condiciones: firmar el contrato), pero es cierto que nada impide que este supuesto cause un precedente respecto del resto del material que actualmente se exige como obligatorio en todo caso.

Aunque es totalmente incierto, el futuro podrá pasar por ampliar el contrato de asunción del riesgo a cualquier tipo de material o, incluso, sobre la base de nuestra propia responsabilidad “social” no exigir material alguno.

 

Este artículo ha sido redactado por Alejandro López (Abogado) en colaboración con David Rouco Pernas.

BarefootRunning

woman’s feet running on gravel road

Fuente: http://orthosp.com/barefoot-running-back-to-basics/

barefoot-running-shoes

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¿Existen realmente los Seguros Federativos de Montaña?

Recientemente la FEDME ha publicado un estudio comparativo de los seguros federativos ofertados por las federaciones autonómicas. Huelga decir, antes de continuar, que la variedad de oferta es algo que no sorprende a nadie.

Una breve introducción sobre el mundo de las licencias federativas puede ser ilustrativo para lo que señalaré a continuación:

La Ley del Deporte de 1990 y las Leyes del deporte que en los últimos años han promulgado muchas CCAA establecen la necesidad de que los deportistas que participen en competición, obtengan de su correspondiente Federación Deportiva, una licencia que les habilite para participar en este tipo de pruebas. La normativa obliga a que, dentro del precio de la licencia se incluya un seguro de asistencia médica y de accidentes nominativo a nombre de cada competidor/federado que cumpla con una serie de mínimos.

La pregunta que siempre nos hemos hecho es ¿qué ocurre con los deportes no competitivos? ¿Existe la obligación de suscribir un seguro federativo, un seguro de accidentes o un seguro de asistencia sanitaria? La respuesta es negativa.

La suscripción de “licencias federativas” por parte de deportistas “no competidores” se realiza única y exclusivamente por el hecho de contar con una cobertura médica, sanitaria y, en caso de la montaña, de rescate. De ahí que lo que se nos ofrece por parte de las federaciones territoriales no sea una Licencia “strictu sensu” sino una póliza de seguro.

Entremos en el meollo de la cuestión.

A nadie se le escapa que durante los últimos años han sido muchas las federaciones autonómicas que han variado sus seguros, contratando con diversas compañías, rebajando o aumentando precios, limitando o ampliando coberturas, todo ello en función del trabajo de la oferta y la demanda. Cierto que algunas Federaciones han tratado de unificar ofertas a través de una sola compañía (como ocurría con Zurich u ocurre actualmente con Mapfre) pero la alta siniestrabilidad y los altos costes de algunos servicios han venido a variar sustancialmente el panorama actual.

Volviendo al estudio al que hacíamos referencia al inicio de este breve artículo, me gustaría resaltar un par de frases destacadas por miembros de la FEDME:

“Si tu Seat 600 cuesta tres mil euros y mi Mercedes doce mil, puedes decir que tu coche te ha costado menos, pero no que es más barato.”

Estoy de acuerdo en diferenciar claramente entre lo que es “barato” y lo que “cuesta menos”, por cuanto lo barato puede salir claro (o esta parece la conclusión a la vista de las palabras del Sr. Vicepresidente de la FEDME). El problema es ¿cómo podemos hacer una comparación entre lo que es “barato” y el “menor costo” cuando la mayoría de las Federaciones territoriales no publican el condicionado de sus pólizas?

Si analizamos las webs, o llamamos por teléfono a la propia compañía o a la oficina de nuestra “territorial” lo más normal es que no nos faciliten el condicionado o el contrato de seguro. Esto impide, en todo caso, que podamos detenernos a valorar qué seguro nos conviene más.

Sin ir más lejos, la anterior póliza de la Federación Valenciana contenía una cláusula por la que, la compañía aseguradora únicamente cubriría los siniestros ocurridos durante una actividad de la propia Federación (incluida dentro de su calendario) o comunicada por el deportista a esta. Pensemos en la trascendencia de esta cláusula: ¿Qué escalador o montañero comunica a la federación (por escrito) que va a salir un par de horas a escalar o pasear un jueves por la tarde?

Vayamos con la segunda de las afirmaciones, que me parece mucho más grave:

“Ninguna compañía dispone de helicópteros o ambulancias propias, y sólo los podrá poner a nuestro servicio, o resarcir los gastos si en el lugar donde se produce el siniestro disponen de esos medios.”

Desde mi punto de vista me parece una afirmación lanzada muy a la ligera. Uno de los motivos por lo que un montañero contrata un seguro federativo es, precisamente, por la cobertura de rescate.

Si la compañía cubre rescate, hasta el límite que tenga establecido, lo hace y debe hacer, con todas sus consecuencias. Introducir cualquier excepción del tipo de “depende de los medios del país del siniestro” supondría introducir una cláusula lesiva o limitativa de derechos porque la misma iría en contra de la finalidad práctica del contrato de seguro.

¿Cuántos de los países habitualmente visitados por los montañeros tiene servicio de rescate por helicóptero? Quitando los países del arco alpino y algún otro como EEUU, el resto carecen prácticamente de este tipo de servicios de rescate y no por ello dejan de ser visitados por miles y miles de federados año tras año.

La compañía de seguros no puede introducir como excusa la falta de medios del país de origen. Si incluye “cobertura de rescate” deberá, en primer lugar abonar los gastos que se hayan producido y, en caso de no existir servicio de este tipo en el lugar del siniestro, deberá poner todos los medios a su alcance para proveer del mismo al accidentado, en caso contrario ¿de qué sirve este tipo de coberturas? ¿Son papel mojado?

Si bien lo anterior, y volviendo a las ideas iniciales, de nada nos servirá analizar, comparar o protestar, si nuestros derechos como asegurados o beneficiarios de una póliza no se ven garantizados hasta el extremo de no poder tener copia del condicionado.

Al igual que Bin Laden o los billetes de 500 euros, las pólizas se han convertido en un mito, una utopía, un sueño al alcance de unos pocos que garantizan su existencia cuando ¿realmente existen?

Seguiremos esperando hasta que surjan por generación espontánea y se nos permita sabe, a qué demonios tenemos derecho.

Alejandro López Sánchez

Abogado

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Comentario al archivo de la causa por la montañera fallecida en Gredos

Después de algún tiempo sin publicar nada en el blog, retomo los artículos jurídicos con una noticia que, en su momento tuvo mucha repercusión en medios de comunicación y que acaba de tener solución a partir de la reciente publicación de un Auto de la Audiencia Provincial de Avila.

Se trata del sonado caso del accidente sufrido por una montañera vasca que, durante una actividad de club desarrollada en la sierra de Gredos en marzo de 2013, falleció por hipotermia severa durante la marcha de descenso.

Aprovechando la publicación tanto del Auto del Juzgado de Instrucción como de la resolución emitida por la Audiencia Provincial de Avila, me gustaría comentar algunos aspectos jurídicos, en relación con la organización de actividades y la figura del guía benévolo, que en dichas resoluciones se tratan.

Comienzo señalando que este artículo en ningún momento trata de hacer un juicio de valor sobre la actuación de los imputados, de los denunciantes o del propio club, sino que nos limitamos a realizar un análisis jurídico sobre las razones que han llevado a la Audiencia Provincial de Avila a ratificar el Auto de sobreseimiento emitido por el Juzgado de Instrucción correspondiente.

Comenzamos retomando lo estudiado ya en otros artículos y manuales que no es sino fiel representación de lo que define la Jurisprudencia como “guía benévolo” a raíz de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 15 de marzo de 1999.

  • Guía benévolo: Se trata de la persona que asume la función de guía sin título que le acredite para ello y sin relación contractual con el resto de participantes, es decir, sin percibir remuneración económica alguna.

Al margen de la organización y de las tareas previas, es el montañero que, durante la actividad hace las funciones propias de un guía: lidera el grupo, toma decisiones y ostenta una posición de liderazgo frente al resto.

Un guía benévolo no es necesario que tenga ánimo de lucro, ni título que lo habilite sino simplemente que se erija como responsable del grupo y tome las decisiones por ser la persona de mayor experiencia o capacidad, aunque esto último no es estrictamente necesario.

El Auto del Juzgado de Instrucción señala lo siguiente:

Es cierto que XXX en cierto modo actuaba como responsable del grupo. Sin embargo, de estos hechos no cabe derivar una responsabilidad penal consistente en la producción de un resultado de muerte ya que para que sea posible esa imputación se requiere algo más.

Se requiere, para empezar, que la persona a la que se pretende imputar el resultado, en este caso don XXX, tenga una especial relación con el bien jurídico a que concierne el tipo penal, lo que le otorgaría, en su caso, una posición de garante que le obligaría a controlar las fuentes de peligro que afectaran a ese bien. Aún así, esta posición de garante no es suficiente en sí misma para imputar un resultado de muerte y para poder equiparar una omisión a una causación activa, aunque sea por imprudencia. Se requiere por parte del garante un incumplimiento de las obligaciones inherentes a la referida posición y una capacidad para actuar en el caso concreto.”

Se está introduciendo una nueva variable de la figura, aunque se actúe como responsable del grupo, el Juzgado de instrucción requiere que sea ésta y no otra persona las que tome las decisiones de manera unilateral, omitiendo la posibilidad de que responda como mero garante.

La figura del garante ya la condené en su día pues daría lugar a casos meridianamente injustos de imputar responsabilidades civiles y penales a cualquier persona por el mero hecho de estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto:

Garante: Se trataría de la persona que tenga más experiencia en la actividad que se desarrolla, aunque no quiera asumir responsabilidad alguna.

Se trata del caso más amplio y más discutible. La figura del garante, bajo mi punto de vista, tendría un dudoso encaje en las actividades de montaña, pues a pesar de que la Jurisprudencia a veces lo aplica, da lugar a un cajón de sastre donde se pueden incardinar miles de posiciones. En cada actividad de montaña existe siempre alguien con más experiencia que el resto y no por ese motivo tiene que ser considerado responsable de la vida de los demás.

Lógicamente siempre estamos hablando de que deberá probarse la actuación negligente o dolosa, pero ya nos encontramos ante la situación de que la investigación puede ir dirigida contra una determinada persona. Por ese motivo creo que la figura de garante es más que discutible, y sólo en el caso de que la persona haya asumido tales funciones (aunque lo haga de forma sesgada) debería acarrear las consecuencias legales oportunas. De otro modo sería como pensar que cualquier persona, por el mero hecho de su edad debe responder del resto de sus iguales.

A pesar de lo anterior, el Auto del Juzgado de Instrucción mezcla los conceptos de “guía benévolo” y “garante” en los siguientes párrafos de la resolución, pero acierta en disipar la responsabilidad al no existir pruebas sobre la toma de decisiones de modo unilateral por una sola persona lo que a mi juicio es lo más trascendente para acordar el sobreseimiento.

“Quienes desean participar en las actividades se ponen en contacto con el Club y pagan una cantidad previamente fijada que tiene por finalidad cubrir gastos de transporte y alojamiento. No se firma ningún contrato, no se contratan los servicios de ningún guía.

En este mismo sentido, y en relación con lo anterior, el imputado no tiene ningún título oficial que le autorice a ejercer las funciones de guía, no firmó ningún contrato ni percibió ninguna cantidad como pago de las responsabilidades que, si efectivamente hubiera sido guía, hubiera tenido que asumir.”

Discrepo en relación con algunas cosas, que reitero no son importantes para la solución adoptada, pero sí a los efectos de este estudio jurídico:

–          El Auto señala en determinados lugares que los clubes pueden admitir a socios o a ajenos en las actividades. Esto, por sí solo ya es motivo para que dicha actividad sea “contractual” y no extracontractual”.

El halo de compañerismo y grupo homogéneo de los clubes se ha perdido pudiendo en muchos casos funcionar como agencias de viajes que “garantizan” y “ofrecen” un servicio. Servicio que en muchos casos es de riesgo. Riesgo que se debe controlar.

–          Que no tenga título ni ánimo de lucro el responsable no quiere decir que no actúe como guía. Como hemos dicho puede actuar del mismo modo como guía benévolo, siempre que se demuestre que ha ejercido la dirección del grupo.

Como dije, lo trascendente a los efectos de la solución adoptada y con lo que estoy plenamente de acuerdo es con lo siguiente:

De las testificales practicadas resulta que las decisiones que se tomaron durante el transcurso de la excursión fueron adoptadas de forma consensuada por los integrantes del grupo que mejor conocían la zona y que tenían más experiencia”.

De acuerdo pero ¿podría haber entonces varios guías benévolos? ¿Hablamos de una Comunidad del Riesgo donde todos tienen una experiencia similar y asumen los riesgos de forma autónoma y voluntaria?

Añade el Auto que:

            “Finalmente, del conjunto de las actuaciones se desprende que circunstancias en cierto modo imprevisibles tuvieron una repercusión directa en el fatal desenlace. Además de las circunstancias meteorológicas, la imposibilidad de culminar la excursión por el itinerario inicialmente previsto debido a la pendiente y al estado de la nieve y la necesidad de desandar lo andado, conllevaron el agotamiento de los participantes y precipitaron el fatal desenlace.”

Con esto sí que no puedo estar de acuerdo con carácter general. Las circunstancias meteorológicas a día de hoy, con los medios existentes, no es difícil que se puedan prever. La dificultad del itinerario y la posible existencia de la nieve sí son circunstancias previsibles que deben ser tenidas en cuenta antes de iniciar la actividad y durante la planificación e información a los participantes.

Auto de la Audiencia Provincial

Señala la resolución de la Audiencia Provincial de Avila lo siguiente:

Al analizar las diligencias practicadas constatamos que, según sus estatutos ZZZ es una asociación privada sin ánimo de lucro, cuyo objeto es fomentar la práctica del montañismo, y pueden participar en sus actividades tanto los socios como los que no lo son, pagando una cantidad previamente fijada cuyo destino es cobrar los gastos de transporte y alojamiento, sin firmar contrato alguno en que se estipule las específicas condiciones de la actividad, se atribuya al organizador especiales obligaciones, o se garantice servicio de guía, calidad que en ningún caso asumió aquel, ni percibió ganancia o emolumento por tal supuesta prestación.”

Si bien la decisión de sobreseimiento puede estar bien tomada en relación con lo que veremos posteriormente, me parece que el párrafo anterior merece ser criticado por los siguientes motivos:

–          De la lectura literal del párrafo podemos llegar a pensar que es mejor que un club no firme nada con sus socios o no socios pues así se exime de responsabilidad. Nada más alejado de la verdad.

–          La relación tanto con socios como con ajenos es contractual, por lo menos con los segundos, pues se le facilita por parte de una asociación unos medios de transporte, gestión de alojamientos y organización de la actividad (aunque sea organizada por una colectividad) que de otra manera no tendrían.

–          Cierto que no pagan cantidad excesiva, pero esto no es óbice para que la relación sea contractual y que se deban seguir una directrices como: consentimientos informados, reuniones informativas, contratación de seguros de accidentes y RC, etc.

De lo contrario estaríamos defendiendo la “ley de la selva” como excusa para no tener que responder.

–          Reitero mi crítica a la idea de que “no percibir un sueldo” supone no ejercer de guía.

Sí estamos de acuerdo, sin embargo, con la siguiente frase:

“La decisión de regresar por el camino de ascenso fue tomada por todos, en razón al peligro que presentaba la ruta de descenso”.

Si bien debería haberse previsto la dificultad de la ruta de descenso, cierto que si las decisiones son tomadas por la colectividad no podemos defender la existencia de un guía benévolo o garante.

Por último el Auto realiza una afirmación ciertamente incorrecta desde mi punto de vista al señalar que:

La mayor o menor iniciativa o liderazgo en las decisiones tomadas sobre la marcha o en aspectos previos de gestión, no sitúan al imputado en posición de garante

Esta frase, sin embargo echa por tierra toda la doctrina del guía benévolo, pues recordemos que erigirse como líder del grupo, tomar decisiones durante la actividad como de forma previa a la misma son, precisamente, la piedra clave para estar hablando de guía benévolo.

Cierto que en este caso el Tribunal, a la vista de las pruebas practicadas entiende que el imputado no realizó ninguna de dichas tareas o lo que es más importante, tomó decisiones como cabeza visible del grupo.

En conclusión: defienden ambas resoluciones a raíz de lo visto, la figura de la Comunidad de Riesgo, aquella en la que todo el grupo, de modo consensuado, adopta las decisiones que afectan a todos sin que exista una persona que se erija como responsable por encima del resto.

Si bien hay afirmaciones de todo punto criticables en relación sobre todo con la relación jurídica que vincula a los participantes con el club y las características que hacen convertirse a una persona en garante o guía benévolo, la circunstancia fundamental para atribuir responsabilidad que es, en definitiva la toma de decisiones y ejercer el liderazgo del grupo, siguen siendo la pauta fundamental que determine la existencia o no de responsabilidad.

Reitero que la aplicación de esta teoría y las anteriores conclusiones al caso en concreto habrán de hacerse valorando íntegramente la prueba practicada y que sólo los operadores jurídicos y Tribunales en este caso han podido tener en cuenta, no siendo este estudio ni una crítica ni un juicio de valor al caso concreto sino un simple análisis Jurisprudencial de dos recientes resoluciones muy importantes por la escasez en esta materia.

Alejandro López Sánchez

Abogado

*Estudio integrado como parte del trabajo de fin del Master de Derecho en Deportes de Montaña de la Universidad de Zaragoza.