Las 10 preguntas jurídicas que todo ESCALADOR se ha hecho alguna vez

¿Respondo por mi compañero de cordada?

Desde el año 1999 existe una corriente jurisprudencial que establece posibles responsabilidades al denominado guía benévolo, es decir, aquel que se responsabiliza del otro miembro de la cordada, toma las decisiones y se erige como responsable. Si bien lo anterior, para el nacimiento de la responsabilidad civil es necesario que se den los requisitos previstos en la norma, esto es, la existencia de una acción u omisión que cause un daño a otro interviniendo culpa o negligencia.

¿Qué ocurre si ambos tomamos las decisiones?

Existe una corriente doctrinal que aboga por lo que se conoce como la comunidad del riesgo, aquella donde todos son responsables de todos y no se depuran responsabilidades desde el punto de vista civil o penal, siempre que no haya un guía benévolo en sentido estricto.

¿Existe responsabilidad del equipador?

No existen Sentencias que establezcan la responsabilidad de un equipador en vías de escalada deportiva, si bien lo anterior y aunque sea difícil exigir responsabilidades, siempre que se pueda demostrar una clara negligencia a la hora de equipar, con manifiesto desprecio hacia la seguridad colectiva, podemos pensar en exigir posibles responsabilidades civiles y/o penales, aunque dependerá del caso concreto.

¿Existe responsabilidad del propietario de los terrenos?

Nos cuesta pensar en una responsabilidad del propietario de un terreno por un accidente en un área de escalada, salvo que este tenga pleno conocimiento de dicha actividad, la consienta y se lucre directa o indirectamente con ella. Para evitar cualquier problema lo ideal es la firma de contratos entre promotor del área y el propietario.

¿Soy responsable si veo que alguien está haciendo una maniobra incorrecta y no lo aviso?

Es en el último de los requisitos del delito del artículo 195 del Código Penal en el que hemos de fijarnos: que el sujeto pasivo, la víctima, se encuentre desamparado y en peligro manifiesto y grave.

Sería necesario, para que existiera responsabilidad que en la acción concurra un peligro manifiesto que pueda ser reconocido fácilmente por la generalidad de las personas, sin que sea necesario tener conocimientos técnicos de la materia. Parece, por lo tanto que no se incurriría en conducta típica, desde el punto de vista estricto.

Estaríamos penando un deber moral frente a una conducta típica. Lógicamente el caso sería diferente si existiera una relación contractual o la posible víctima formara parte de nuestro grupo o cordada.

¿Quién paga en caso de responsabilidad civil?

En caso de que un escalador sea condenado como responsable civil, tendrá que asumir con su patrimonio presente y futuro la reparación del daño causado.

En el caso de tener un seguro que cubra la responsabilidad civil, será este el que abone dichas cantidades. Algunos seguros federativos cubren este tipo de actuaciones siempre que sean NO profesionales.

¿Qué ocurre si me rescatan y no tengo seguro?

Dependiendo de la regulación de la Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo el rescate, podrás recibir un requerimiento de la Consejería competente exigiéndote el pago del rescate (actualmente: Galicia, Asturias y Canarias están pasando al cobro dichos gastos). En el extranjero la pasan: Suiza e Italia.

Si tienes un seguro que cubra el rescate habrás de ver, en primer lugar, los máximos de cobertura (ideal un mínimo de 9.000,00 euros por siniestro). Los seguros federativos de montaña cubren estos gastos (siempre que hayan derivado de un accidente o siniestro), que en ocasiones tendrá que abonar el escalador primero y, posteriormente, repercutirá a la compañía aseguradora.

¿Qué considera “accidente o siniestro” una póliza de seguro?

Depende de la redacción de la póliza. Hay seguros que exigen una asistencia sanitaria para que exista accidente o siniestro y hay otras pólizas que incluyen dentro del concepto de accidente o siniestro, la pérdida, el extravío o los edemas cerebrales o pulmonares entre otros.

¿Tengo que cumplir alguna norma para montar un rocódromo en mi club?

Salvo normas de carácter local (ordenanzas municipales), no tenemos constancia de que exista ninguna norma de obligado cumplimiento que defina los mínimos que ha de cumplir un rocódromo a la hora de su montaje e instalación. Sin embargo, una cosa son las cuestiones administrativas y otra diferente las exigencias de responsabilidad y la diligencia debida.

Si bien las normas UNE que definen el montaje y correcto mantenimiento de rocódromos (instalación de paneles, colchonetas, presas, etc.) no son de obligado cumplimiento mientras no vengan incluidas en una norma con rango de Ley, no es menos cierto que pudiendo cumplirlas y no haciéndolo, esto puede suponer una falta de diligencia que determine la responsabilidad del titular de la instalación.

¿Qué titulación tiene que tener el monitor de un rocódromo?

Se responde con bastante similitud a la anterior: si no hay una norma que obligue a ello, cualquiera puede ser monitor en un rocódromo, si bien, una cuestión es el requisito administrativo y otra muy diferente el requisito de responsabilidad.

En todo caso, cada vez hay más CCAA que dentro de sus leyes del deporte o leyes de profesiones deportivas, exigen titulaciones de Técnico Deportivo para este tipo de actividades.

 

Alejandro López Sánchez

Abogado (www.campoiv.es)

asesoría@campoiv.es

 

Todas estas preguntas y muchas otras se responden en los libros siguientes:

“Responsabilidad y Montaña: reflexiones jurídicas para deportistas y profesionales”.

“Dueños de la roca: una aproximación jurídica al mundo de la escalada”.

 

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No siempre hay un culpable: la comunidad del riesgo

La búsqueda de oportunidad se acentúa en determinados colectivos. Pero no existiría oportunidad si no hubiera un mercado o sistema que la alimentase, principalmente aquellos mercados merecedores de interpretaciones, novedosos, o dejados de la mano de Dios. El mundo de la montaña siempre se ha caracterizado por ser un filón.

En mi mundo, el jurídico, proliferan desde no hace mucho algunas interpretaciones intencionadas, encaminadas a una cierta mercantilización del sistema legal en la montaña. Principalmente se percibe este tipo de prácticas en los casos de responsabilidad civil, centrados, en la mayoría de las ocasiones, en la tan manida figura del guía benévolo.

Juristas de renombre como Mazzeaud (gran alpinista, por otra parte), no perdieron la oportunidad de estudiar esta figura y determinar las características que podrían convertir a nuestro amigo en nuestro responsable.

Si la idea de responsabilidad iba directamente relacionada con la de organización o con la toma de decisiones, hubo un momento en que este guía paso a ser un garante, un “cuasiresponsable de todo lo que pase” por el mero hecho de tener una titulación o ser el de mayor edad del grupo aunque no hubiera tomado ni una sola decisión en toda la actividad.

¿Realmente esto es así? ¿Es posible compartir esta idea objetiva de responsabilidad? No, señores, yo que además de jurista soy alpinista, escalador, montañero, caminante o lo que sea que seamos los que amamos acercarnos a las montañas, no podemos compartir esta idea de objetivización total de la responsabilidad. La existencia de un guía benévolo requiere de una serie de características que no tienen por qué darse en todos y cada uno de los casos en los que concurra un accidente. La figura del eterno garante me aterra.

No siempre hay que buscar un culpable, no siempre existe. Desde tiempos inmemoriales montañeros de todas las nacionalidades han contratado guías pero muchos otros han formado cordadas inseparables, grupos de amigos, parejas de confidentes que unidos a una cuerda de fibra o de cáñamo han perseguido sueños de libertad en un mundo de roca y nieve ¿por qué hay que pensar en que uno ha de responder siempre del otro? ¿Por qué siempre buscamos responsables en todas las facetas de nuestra vida?

Como siempre hemos hecho, protegeremos la vida de nuestro compañero, nos uniremos a él o a ella como con un cordón umbilical de seda, le confiaremos nuestra vida, porque en definitiva, aunque nos lleve a la montaña, aunque tiremos ese largo de primero, aunque tengamos más experiencia y titulaciones, en la mayoría de los casos formaremos parte de una comunidad del riesgo.

No olvidemos el origen de nuestro deporte, no persigamos los abogados, juristas y demás colectivos, una oportunidad en un vacío interpretativo, pensemos en el qué, en el por qué y en el cómo y a partir de ahí, con los elementos que tengamos en nuestra mano parémonos a pensar por un momento en cómo se desarrolla nuestra actividad, en cómo se ha gestado esa cordada, en cómo se ha llevado a cabo.

Añadida a la figura del guía benévolo, aunque a algunos no les guste, pensemos en defender la de la comunidad del riesgo como una idea, un principio, un concepto que garantiza los ideales de nuestros sueños en la montaña.

Desde aquí un fuerte abrazo a las familias de los montañeros zamoranos que han perdido la vida en las duras, recias y fatales, pero maravillosas, montañas de los Picos de Europa. DEP.

Alejandro López

Abogado.

www.campoiv.es

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A raíz del cobro de los rescates en Asturias

Parece que los Reyes Magos han venido cargados de noticias en relación con el famoso tema del cobro de los rescates en montaña. Esta vez ha sido Asturias la que se ha llevado la palma en “twiteos, retwiteos, enlaces, comentarios y análisis” en redes sociales y periódicos digitales de todo el país.

La noticia que más veces se ha comentado es la referente al cobro de varios rescates en Asturias durante el pasado año 2016 respecto de deportistas que practicaban “deportes de riesgo” en el Principado y que solicitaron el correspondiente rescate a través del teléfono de emergencias 112. Por tocarme de cerca, trataré de dar una serie de ideas.

La cuestión es que el cobro de los rescates, aunque viral ahora, no es algo nuevo y se viene aplicando desde hace años en Asturias, con la especialidad que se introdujo en la Ley de Presupuestos del Principado del año 2014 y que “objetiviza” el cobro de los rescates en caso de practicar determinadas actividades deportivas.

Digo que no es algo nuevo pues esta “objetivización” en el cobro, ya se ha venido aplicando en CCAA como el Pais Vasco o Canarias que aprobaron normas que permitiría repercutir al rescatado los gastos de la intervención de los servicios de rescate en determinados casos (sin carácter exhaustivo):

  • En caso de imprudencia.
  • En caso de no contar con el material adecuado para la actividad desarrollada.
  • En caso de desoír una alerta meteorológica (del 112).
  • En caso de practicar una actividad de las denominadas “de riesgo”, a pesar de no incurrir en ninguna de las tres anteriores conductas.

Es decir, desde el año 2012 se cobra el rescate, o se permite a la Comunidad Autónoma repercutir el gasto del rescate al ciudadano por el mero hecho de practicar una actividad deportiva. Que sea de riesgo o no, habrá que dejarlo para un análisis que ahora no corresponde. Se me ocurre una idea: se nos penaliza por practicar deporte. Ahí queda para el debate.

¿Cuáles son estas actividades?

Aunque parezca mentira, ni el País Vasco, ni Canarias, ni Asturias incluyen en su lista de “actividades de riesgo” el montañismo, ni el alpinismo, ni el senderismo, condenando al resto de actividades y sus usuarios, como escaladores o barranquistas, al más completo desánimo por el mero hecho de practicar una actividad que se incluye en una lista elaborada de forma totalmente arbitraria.

El problema en muchos casos será discernir lo que es alpinismo y lo que es escalada, por ejemplo. Pensemos en un rescate que ocurre en el corredor de Tiros de la Torca del Urriellu en invierno ¿es alpinismo, es montañismo, es escalada? ¿Qué es?

Lo que está claro es que, imagino que para la administración será fácil decidir qué tipo de actividad será en base a un criterio meramente recaudatorio.

En los siguientes enlaces se puede consultar la normativa vigente para estas tres CCAA: País Vasco, Asturias y Canarias.

Curiosamente también en Galicia se sigue un criterio objetivo a la hora de cobrar los rescates, siempre que el mismo se realice en zonas costeras, lo que es habitual para una CA donde la mayor parte de las áreas de escalada están situadas sobre acantilados.

¿Qué tienen en común las anteriores CCAA y sus normas?

No es mi competencia, pero después de muchos recursos y algunos procedimientos de reclamación contra liquidaciones de este tipo, me inclino a pensar que la privatización de muchos servicios de rescate (como el 112) supone dejar la decisión de enviar al GREIM (servicio público) o al helicóptero de bomberos (servicio no gratuito) en manos del centro de atención de emergencias, lo que claramente beneficia a la administración y perjudica al ciudadano.

El problema es que ya no es posible (hasta donde yo sé) llamar directamente al GREIM para que te saquen, sino que debemos centralizar la llamada al 112 y que sean ellos quienes activen la emergencia. Estamos vendidos si nos pasa en Asturias, preparemos la tarjeta.

¿Qué hacer ante la recepción de una liquidación de una tasa?

Por experiencia, al estar tratando alguno de los últimos y famosos cobros en Urriellu, debo decir que las posibilidades de recurso son muchas, pues la Administración por desconocimiento sigue cometiendo errores de bulto de carácter formal al realizar incorrectamente muchas de las liquidaciones. De todas formas, esto que puede conducir a una minoración de la tasa, no es suficiente para evitar el cobro, y lo que estamos barajando y trataremos de defender en los Tribunales si llega el caso, es la total inconstitucionalidad de unas normas que hacen recaer en el ciudadano la obligación de pagar por un servicio que la Constitución reconoce público, que se solicita por absoluta necesidad en la mayoría de los casos y que, finalmente, es la propia administración la que actuando como parte interesada al privatizar en muchos sitios los servicios de rescate, trata de recuperar parte de sus gastos a través del administrado.

No trato de hacer un juicio de valor sobre si está bien o mal cobrar los rescates, lo cierto es que hay motivos suficientes para defender que tal y como se está haciendo no es la mejor forma posible de afrontar el problema de la siniestrabilidad en montaña.

¿Cómo evitar el pago?

Lo más sencillo, contratar un seguro que garantice como mínimo una cantidad que ronde los 9.000 euros en España y 12.000 en el extranjero para trasladar la obligación de sufragar los gastos a las compañías aseguradoras; pero como he dicho siempre, leámonos las coberturas antes de la contratación, inclusive si es un seguro adscrito a una licencia federativa.

Si no tenemos seguro, tendremos que seguir la premisa tan típica en España: “pague y luego, si acaso, recurra”, porque lo más probable, por lo menos en Asturias, es que veamos llegar al pájaro de color amarillo y ese, por lo menos, cobrar cobra. Por ahora.

Alejandro López

Abogado

http://www.campoiv.es

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